“Aquí va el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar.” Esa fue la frase que, copiada por error dentro de una sentencia, llevó a la anulación del fallo y al traslado de la causa a otro magistrado. Pasó en Chubut, en octubre de 2025. El juez había usado ChatGPT para redactar una condena de dos años y seis meses de prisión.
No es una anécdota aislada. En los últimos doce meses, tribunales de Argentina, Colombia y Chile sancionaron, apercibieron o anularon decisiones por el uso indebido de inteligencia artificial generativa en escritos judiciales. Los casos comparten patrón: jurisprudencia inexistente, citas inventadas, ausencia de verificación. Lo que cambia es la severidad de la respuesta institucional.
Los apercibimientos argentinos
En agosto de 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario reprendió a un abogado por presentar un escrito que contenía referencias jurisprudenciales fabricadas con IA. La causa, originada en un accidente de tránsito conciliado en diciembre de 2024, derivó en un pronunciamiento de la sala que conviene leer textual: “mientras los sistemas no se desarrollen al punto de no alucinar, resulta extremadamente riesgoso y hasta temerario delegar la tarea de búsqueda de jurisprudencia que sirva de sustento y luego presentarla sin chequear la fuente, como ocurrió en autos” (Infobae).
La cámara ordenó comunicar la conducta al Colegio de Abogados de Rosario por posible infracción a las Normas de Ética Profesional. No hubo multa, pero sí registro institucional y traslado disciplinario.
Cinco meses después, en enero de 2026, la Cámara del Trabajo de Viedma emitió un pronunciamiento similar: un escrito contenía referencias a precedentes que, tras búsqueda exhaustiva, no pudieron ser localizados en ninguna base de datos (Diario Constitucional).
El patrón es claro: los tribunales empiezan a tratar la jurisprudencia inventada como conducta que merece pronunciamiento expreso, no como error inocuo.
La sanción de mayor monto en la región
Colombia subió el precio. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia sancionó por primera vez a un abogado por uso indebido de IA con una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 26 millones de pesos colombianos. El profesional había presentado un recurso de revisión extraordinario apoyado en diez sentencias inexistentes y reconoció haber utilizado un programa generativo sin verificar los resultados (Infobae Colombia, Ámbito Jurídico).
Tres meses antes, la misma Corte había dictado la sentencia STC17832-2025, anulando una decisión del Tribunal Superior de Sincelejo que se había apoyado en citas jurisprudenciales fabricadas. Es decir: la jurisprudencia falsa puede invalidar la decisión del propio juez que la incorpora, no solo afectar al abogado que la introdujo.
En Chile, también en febrero de 2026, un tribunal civil multó a un abogado con aproximadamente 70.000 pesos chilenos por presentar un escrito con citas que el tribunal calificó como “manifiestamente falsas”. El profesional reconoció el error y explicó que el documento se había preparado con herramientas digitales basadas en modelos de lenguaje (El Desconcierto).
Cuando es el juez quien firma sin verificar
El caso de Chubut introduce un giro incómodo: el responsable de la conducta no fue el abogado de parte, sino el juez. La condena penal a Raúl Amelio Payalef —dos años y seis meses de prisión— fue anulada y reasignada a otro magistrado. La evidencia más concluyente fue la frase de la conversación con el asistente, “Aquí va el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”, incorporada por descuido al texto (Perfil / Canal E).
El episodio obliga a recalibrar la conversación. Hasta ahora la discusión se concentraba en el deber de diligencia del abogado. Lo que muestra Chubut es que el problema atraviesa toda la cadena: si el juez tampoco verifica, el sistema no tiene última línea de defensa.
El marco que ya nos rige (sin necesidad de “ley de IA”)
Un argumento recurrente en debates regionales es que falta legislación específica sobre IA en el ámbito judicial. La revisión de los casos sugiere lo contrario: las herramientas normativas existentes alcanzan.
En Argentina, el CPACF publicó en julio de 2025 su Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados, elaborada por su Laboratorio Fintech y Legaltech. El documento es explícito: el control humano permanente es indelegable, la responsabilidad profesional sigue siendo del abogado, y la IA puede “alucinar” generando citas falsas. La guía se complementa con un boletín mensual llamado “AbogacIA” con prompts recomendados y casos relevantes (Microjuris).
A nivel jurisdiccional, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro aprobó un Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de IA Generativa aplicable a magistrados, funcionarios y empleados.
Más allá de estas guías sectoriales, la conducta sancionada en los casos analizados ya estaba cubierta por instrumentos generales: el deber de buena fe del artículo 9 del Código Civil y Comercial argentino, los deberes de lealtad y veracidad del artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las normas éticas de cada colegio profesional. No hace falta una ley nueva para sancionar al abogado que introduce una sentencia inexistente: alcanza con aplicar lo que ya está vigente.
Tres verificaciones mínimas antes de presentar
Las propias guías citadas convergen en un mínimo operativo:
- Verificación de fuente primaria. Cada cita jurisprudencial mencionada por una IA debe abrirse en la base oficial (CSJN, SAIJ, MicroJuris, La Ley Online, El Dial) y leerse en su contexto. Que la IA confirme que la cita existe no cuenta; la base oficial sí.
- Reconstrucción del razonamiento. Si el argumento jurídico fue elaborado con asistencia de IA, debe poder rearmarse desde las normas y precedentes verificados, sin la IA en el medio. Si no se puede rearmar, no se firma.
- No carga de información confidencial. Datos del cliente, estrategia procesal, documentos bajo secreto profesional no deben ingresarse a modelos públicos sin contrato de procesamiento que asegure no usar la información para entrenamiento.
Este checklist no es novedad teórica: es la reformulación operativa de los deberes éticos preexistentes. Lo que la IA hizo fue volver más visible el costo de incumplirlos.
Para quien quiere trabajar con herramientas que parten de bases verificadas en lugar de generación libre, en el ecosistema de Arteclaw los proyectos LexiBot y CaseLawAI están construidos sobre fuentes jurisprudenciales reales con trazabilidad, lo que reduce —sin eliminar— el riesgo descrito en este artículo. La verificación final, siempre, sigue siendo del profesional.
Inspirado en The Lawyers Who Got Burned by AI — and What They Got Wrong del canal Claude for Lawyers. Los casos y normativa de Latinoamérica fueron investigados y citados a partir de fuentes regionales propias.
